La Generalitat informó de esta prórroga urbanística con carácter retroactivo en una nota de 20 líneas, tras la reunión del pleno del Consell del 11 de abril, sin especificar los ayuntamientos afectados por la medida. Simplemente aseguraron que el nuevo decreto perseguía “facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales de las corporaciones locales y evitar situaciones de perjuicio para los ciudadanos”. Fuentes de Medio Ambiente confirmaron a Levante-EMV que en esta situación se encontraban 95 ayuntamientos.
Sin embargo, al publicar el decreto que concede la prórroga para tramitar los planes generales, la Conselleria de Urbanismo ofrece una clarificadora descripción del atasco burocrático que vive la administración (autonómica y municipal) por el cóctel indigesto en el que se han convertido las nueves leyes urbanísticas (estatales y autonómicas) mezcladas con la avalancha de PAI (programas de actuación integrada) que se presentaron entre 2005 y 2006.
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