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Ante el caso omiso de los ayuntamientos del cumplimiento legal de proporcionar suelo público para construir VPO, la Conselleria instará en las próximas semanas a los municipios de más de 5.000 habitantes para que cumplan con su obligación legal de declarar el patrimonio público de suelo y destinen estos terrenos a VPO, facilitándoles las herramientas necesarias para sacar al mercado este suelo, la mayoría de estos municipios vienen ignorando (desde que se creara en el año 2004) esta obligación al no declarar este suelo al Registro Autonómico de Patrimonios Públicos Municipales de Suelo, donde en la LUV en su artículo 266.5 dice que si “ Si un Ayuntamiento, de los referidos en el artículo 263, no procede a enajenar en el plazo de dos años a partir de la vigencia de la presente ley, al menos el 50 por ciento de todos los bienes inmuebles que formen parte de cada patrimonio municipal de suelo, La Generalitat, a través del órgano competente, procederá a iniciar expediente de expropiación forzosa con carácter urgente, sobre la relación de bienes inmuebles inventariados en cada patrimonio municipal de suelo, con el fin de proceder a la construcción, de manera directa o indirecta, de viviendas de protección pública. A tal efecto, emitirá certificado de incumplimiento de las obligaciones municipales.” El Registro Autonómico de Patrimonios Públicos Municipales de Suelo permite que los Ayuntamientos destinen a la promoción y edificación de viviendas protegidas, de una manera efectiva, todo el suelo adscrito a su patrimonio que haya sido obtenido de la cesión de terrenos equivalentes al porcentaje de aprovechamiento urbanístico que les corresponde en el desarrollo de cada sector o sectores de suelo urbanizable residencial.El registro depende de la Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria de Territorio y Vivienda, tendrá carácter público y su acceso será gratuito. En él se inscribirán, obligatoriamente, todos los bienes municipales adscritos a cada patrimonio municipal del suelo obtenido por gestión urbanística que deba destinarse a la construcción de viviendas públicas o intervención en los centros históricos, monumentos o inmuebles de interés patrimonial.Se hará constar, como mínimo, la identificación precisa y determinada de estos bienes, sus datos registrales y cargas urbanísticas, así como sus posibles actualizaciones. Todos los bienes inscritos en este registro tendrán la naturaleza de bienes de utilidad pública e interés social.El Registro Autonómico de Patrimonios Públicos Municipales de Suelo consta de dos secciones, diferenciando los bienes inmuebles que deban ser destinados a la promoción y edificación de viviendas de protección pública de aquellos destinados a la intervención en centros históricos, monumentos o inmuebles de interés patrimonial.Para ello, los Ayuntamientos remitirán en el primer trimestre del año una copia certificada sobre la relación de los bienes inmuebles que componen su patrimonio público municipal procedente de la gestión urbanística. La Conselleria de Territorio y Vivienda verificará si la información recibida está completa y es correcta. (fuente: Levante) más información…

La Ley de Suelo cierra así un periplo de más de un año y medio marcado por la oposición frontal del PP y las duras negociaciones con los grupos nacionalistas. Así, el texto vuelve al Congreso después de que el Gobierno consiguiera limar asperezas con los grupos nacionalistas, que denunciaron en varios momentos del trámite parlamentario una invasión de competencias.

CiU dio el apoyo final al retirar un veto en el Senado después de transaccionar una enmienda con el PSOE por la que quedan reconocidas las competencias de las comunidades autónomas en la gestión de los patrimonios públicos de suelo.

La nueva norma, que viene a sustituir a la vigente de 1998, promulgada bajo mandato ‘popular’, introduce novedades que han suscitado la inquietud de los promotores. Entre ellas, destaca el nuevo sistema de valoración de los suelos, que considerará sus rendimientos de explotación y excluirá de dicha valoración sus expectativas. Esta medida, según promotores y ‘populares’, únicamente servirá para abaratar las expropiaciones de terrenos.

Otro de los ejes de la nueva ley será el fomento de la vivienda protegida, para lo que se contempla la obligación de establecer una reserva de suelo del 30% de los proyectos urbanísticos que se destinará a la construcción de VPO. Además, establece un porcentaje de cesión de suelo a los ayuntamientos de entre el 5% y el 15%.

Por otra parte, el texto está llamado a ser un arma efectiva contra el urbanismo descontrolado. En este sentido, el PSOE introdujo vía enmienda una de las principales novedades en esta materia, que establece la revisión de las actuaciones urbanizadoras cuando conlleven, por sí mismas o en unión a las aprobadas en los dos últimos años, un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio o ámbito territorial.

Otro de los objetivos de la nueva norma será la lucha contra la corrupción urbanística, para lo que establece nuevos mecanismos de transparencia y participación ciudadana en los procesos urbanísticos.

Asimismo, contempla, entre otras medidas, la obligación de que las permutas de terrenos y los convenios urbanísticos pasen por los plenos de los ayuntamientos, o de que en toda recalificación o aumento de la edificabilidad se haga constar la identidad de los propietarios durante las cinco anteriores.

<>En aras de un urbanismo más sostenible, el texto que será aprobado mañana incluye medidas destinadas a asegurar el respecto al medioambiente y a los espacios naturales protegidos. (fuente: urbanoticias)
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